La Lucha De USA Por Una Internet De Banda Ancha Para La Comunidad

Tenemos que agradecerle a los Grandes Medios por cuidar a los
norteamericanos de ellos mismos.

Justo cuando la noción de una banda ancha accesible para todos estaba comenzando a tener lugar en pueblos y ciudades de todo el país, los patriotas de Verizon, Qwest, Comcast, Bell South y SBC Communications han creado legislación que va a detener el disimulado socialismo de las comunidades de Internet de banda ancha antes de que invadan nuestros hogares.

Photo credit: Tan Haikong

Los gigantes de las telecomunicaciones han movilizado un ejército bien financiado de centrosde pensamiento accionados a monedas, legisladores maleables y periodistas haraganes que están listos a describir a la comunidad Internet como una afrenta a a la innovación americana y a la libre empresa.

Su arma preferida es la legislación modelada por la industria, la cual restringe a los gobiernos locales de ofrecer servicio público de acceso a Internet a precios razonables.

Las leyes ya han sido promulgadas en una docena de estados. Solamente en este año, 10 estados están considerando normativas similares para bloquear la banda ancha pública o para endurecer restricciones existentes.

Argumentando que ellos son los únicos que pueden proveer banda ancha, los ISP anotaron algunas victorias incluyendo una ley draconiana, ahora en la legislación de Pennsylvania, que le quita a los gobiernos locales el derecho de elegir su propia solución local de banda ancha sin el previo consentimiento de una compañía de teléfonos monopólica. A comienzos de 2004, Verizon le dictó la ley palabra por palabra a los legisladores locales, los cuales luego silenciosamente la deslizaron en el medio de una extensa disposición que parecía que promovía la mejora en la infraestructura de las comunicaciones para toda la gente de Pennsylvania. Tendrá el efecto contrario.

Forzara a las redes públicas de banda ancha a pedirle permiso a Verizon antes de ofrecer servicio es similar a forzara a las bibliotecas públicas a pedir permiso a Borders antes de prestar libros.

Mientras tanto, los Estados Unidos se han deslizado del primer lugar al puesto número 13 en la penetración nacional de banda ancha, cayendo detrás de Corea del Sur, Japón y Canadá, donde efectivas iniciativas del sector privado y público han acortado la brecha digital, permitiendo que más ciudadanos alcancen los beneficios económicos de la era de la información abierta a una fracción del costo que nosotros damos por sentada.

No es así que los Estados Unidos. Una nación que en algún momento se sentía orgullosa de marcar el ritmo a nivel mundial en las innovaciones tecnológicas y las comunicaciones accesibles es ahora el sirviente de corporaciones ávidas por excluir a los ciudadanos que no puedan pagar a exorbitantes tarifas de acceso a un derecho básico del siglo 21, tal cual es el derecho a la conectividad. ¿Cómo pudo América haber retrocedido tanto?
La lucha por una banda ancha accesible, provista localmente, se ha estado desarrollando por varios años. Pero no impactó en el radar de la corporaciones hasta la mitad de 2004, cuando ciudades grandes tales como Filadelfia y San Francisco reconocieron al acceso de banda ancha como una utilidad pública básica, no diferente del agua, gas o electricidad, que ellos pudieran proveer.

Es fácil de entender el atractivo local.

Las redes de banda ancha han probado ser una relación win-win (ventajosa para ambas partes) para los gobiernos municipales: la Internet comunitaria crea una competición de libre mercado para los servicio de comunicaciones, mejora las escuelas, amplía la seguridad pública y los servicios sociales, y alienta a los entrepeneur a través de acuerdos de partnership público - privado. Estas redes son relativamente baratas de construir y traen tecnología y oportunidades económicas resultantes a vecindarios urbanos de bajos ingresos y a comunidades rurales que son obviadas sistemáticamente por los grandes proveedores comerciales.

Para los consumidores y ciudadanos, la banda ancha de bajo costo es extremadamente popular. A través del país los referendos municipales y consejos de la ciudad están a favor de construir banda ancha pública, en algunos casos ofreciendo no solamente Internet comunitario, sino también televisión y servicios telefónicos.

"El acceso a Internet actualmente es una necesidad de vida tanto como la mayoría de los servicios tradicionales y debería estar disponible a todos" dice Jonathan Baltuch, un consultor de desarrollo económico de St. Cloud, Florida, una ciudad que votó a favor de brindarle a los ciudadanos una red inalámbrica que cubre 45 kilómetros cuadrados.

De acuerdo a Baltuch, la red municipal de St. Cloud ha generado una ganancia considerable a los residentes. Antes de la red de banda ancha de la ciudad, un residente de St. Cloud pagaba un promedio de 450 dólares al año para un acceso comercial a Internet.

Hoy, ellos pagan en promedio 300 dólares al año en impuestos a la propiedad, dinero que no sólo le provee acceso de banda ancha sino también apoya los esfuerzos de mantener las calles de la ciudad limpias, levantar la basura residencial y mantener la policía local y bomberos. "Al proveer la ciudad este servicio a sus residentes los ahorros promedio de cada hogar será del 50% más que promedio de la boleta de impuestos para todos los servicio de la ciudad", dice Baltuch. "Más aún, los 3 millones a 4 millones por año que están dejando la ciudad hacia las oficinas corporativas del todo el país se quedarán en la economía local."

Filadelfia decidió hacer algo similar. El año pasado, el jefe comunal John F. Street anunció planes para "Filadelfia inalámbrica" un proyecto que para el año próximo le proveerá a la población de la ciudad de 1.6 millones distribuida en un área de más de 200 kilómetros cuadrados, con un completo rango de servicio de Internet.

Fue en este punto que los ISP existentes comenzaron a mostrar sus dientes. Los ISP no están dispuestos a aflojar su estrangulamiento en un mercado que, de acuerdo a la Telecommunications Industry Association, puede generar $212.5 mil millones de ganancias en 2008.

Con tanto para apostar, era tiempo de marcar su territorio y sofocar cualquier proyecto municipal de banda ancha dondequiera que comenzara a echar raíces. El objetivo fue simple: legislar para que la competencia dejara de existir. Pero para hacer eso la industria necesitaba aliados en su lucha contra las opciones locales. Fue fácil para ellos encontrar entre los representantes del estado algunos dispuestos a vender votos en la legislatura para llenar sus alforjas de campaña y grupos de estudio ubicados en Washington tales como el Instituto Cato y el New Millennium Research Council (NMRC)-- dispuestos a generar "investigación" que complaciera a los inversores corporativos.

A este mix de títeres de la industria agreguele medios de comunicación ingenuos. En una campaña inteligentemente dirigida a dichos medios, los "demonios" de la banda ancha municipal fueron presionados por periodistas locales en los cuales estaban dispuestos en hacerse eco de las preocupaciones corporativas sin investigar el punto de vista opuesto.

Demasiado a menudo, los periódicos fallaron en seguir el dinero que relacionaba sus fuentes en el instituto Cato Institute y NMRC a la industria tomando valores comentarios y datos de esos centros de opinión sin revelar el conflicto de intereses que podría llegar en una de su investigación.

Un reporte desacreditando a la comunidad de Internet emitido por NMRC, por ejemplo, ha sido citado casi una docena de veces por periodistas en los dos meses desde su publicación.

Ni un solo periodista se molestó en informar a sus lectores de él hecho que el NMRC recibe dinero de las mismas corporaciones cuyas políticas son exactamente las que profesa.

El 17 de febrero, la batalla acerca del acceso finalmente embelleció la primera plana de el New York Times, asociada a los ambiciosos planes de Filadelfia para convertir la ciudad en un "gigantesco punto de acceso inalámbrico".

La primera cita del escritor del Times James Dao fue para Adam Thierer, identificado como "director de estudios de telecomunicaciones en el liberal Instituto Cato". Él le dijo al Times "la última cosa que quisiera ver esos banda ancha convertida en un servicio público holgazan."

Dao falló en hacer notar que el Instituto Cato está financiado por Verizon, SBC Communications, Time Warner, Comcast y Freedom Communications. Dao luego entrevistó a David L. Cohen, vicepresidente ejecutivo de Comcast, el cual también desacreditó a las redes comunitarias.

De nuevo, Dao falló en alertar a los lectores acerca de la red de intereses de Cohen que podrían impugnar su integridad.

En su encarnación previa, Cohen sirvió como jefe de equipo al entonces intendente de Filadelfia Edward Rendell. Rendell fue electo gobernador, mientras que Cohen saltó al sector privado. Esta relación puede explicar por qué en diciembre pasado el gobernador ignoró una amplia oposición pública y convirtió en ley el proyecto que se burla de las comunidades de Pennsylvania y buscan ofrecer servicios de banda ancha desarrollados localmente.

Esas corporaciones dicen que están derribando los esfuerzos de banda ancha desarrollados localmente para salvaguardar los mejores intereses de la libre empresa americana. Pero, como preguntó Dianah Neff, jefe tecnológico de Filadelfia, en una columna reciente de ZDNet:

"¿Cuándo fue la última vez que ellos fueron elegidos para determinar qué es lo mejor para nuestras comunidades? Si ellos están realmente preocupados acerca de lo que es importante para todos los miembros de la comunidad, ¿por qué no construyeron éste tipo de red que satisface las necesidades de la comunidad o le sugirió a una ciudad a a utilizar sus instalaciones para construir una red ubicua de alta velocidad y bajo costo?"

Artículo original:

Is Low-Cost Wi-Fi Un-American?
Por Timothy Karr
18 de abril, 2005
Reproducido con autorización

Enviado por Robin Good el martes 17 de mayo, 2005